TEV rechazó presuntos actos anticipados de campaña en Sedesol

Xalapa, Ver.- En sesión pública programada para el día de hoy, los magistrados integrantes del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), resolvieron el procedimiento especial sancionador 209/2017, integrado con motivo de la denuncia interpuesta por el Partido Acción Nacional, por conducto de su representante propietario ante el Consejo General del OPLE, en contra de Anilú Ingram Vallines, en su calidad de Delegada Federal de la Secretaria de Desarrollo Social del Gobierno Federal en el Estado de Veracruz.

Dicho procedimiento se presentó  por la presunta violación a lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución Federal y 79 de la Constitución Local, consistentes en la presunta utilización de propaganda personalizada, uso indebido de recursos públicos y actos anticipados de campaña, así como al Partido Revolucionario Institucional, por culpa in vigilando.

Por lo que respecta a los presuntos actos anticipados de precampaña y campaña, no se advirtió que se pretendiera denunciar dicha conducta respecto de algún cargo de elección popular local, que este órgano jurisdiccional tenga competencia para conocer, por lo que solamente se analizó la presunta utilización de recursos públicos y propaganda personalizada.

En el caso, el quejoso denunció que, la Delegada Federal de SEDESOL violó lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución Federal y 79 de la Constitución Local, por la presunta difusión de propaganda con su nombre e imagen en diversos medios noticiosos digitales y en su supuesta cuenta personal de la red social Facebook, de igual forma el denunciante adujo la presunta contratación de propaganda gubernamental personalizada de la citada servidora pública en la red social antes mencionada.

Lo anterior es así ya que, del caudal probatorio que obra en el expediente, por cuanto hace a las notas periodísticas publicadas en medios digitales, se tuvo por acreditada su existencia, más no se acreditó la promoción personalizada de la servidora pública denunciada, ya que de su contenido, corresponden a entrevistas efectuadas a la servidora pública en su calidad de Delegada Federal de SEDESOL, en donde únicamente realizó manifestaciones relativas a las actividades concernientes al desarrollo de su encargo, y el resto de las notas periodísticas fueron realizadas en ejercicio de la libertad de expresión.

Por lo tanto, las notas solo tienen el carácter de informativas y no promocionaron la imagen de la servidora pública ya que únicamente se trató de opiniones respecto de los actores políticos del Estado y su posible participación en el actual proceso electoral local, lo cual constituye una mera especulación.

Ahora bien, respecto de las publicaciones realizadas en la cuenta o perfil de la servidora pública, de la red social Facebook, en las que a decir del denunciante se actualizó la promoción personalizada, la servidora pública negó ser la titular de la cuenta de la red social, de igual forma negó haber publicado el contenido que el denunciante aduce violatorio de la normatividad electoral.

Y si bien se advirtió que la simple negativa de la denunciada no puede ser considerada como prueba plena, lo cierto es que en autos no obra mayor elemento de convicción que acredite que la titular de la cuenta de la red social sea la denunciada, máxime que la carga probatoria le corresponde al quejoso.

Es por ello que no se advirtió la utilización indebida de recursos públicos ni la promoción personalizada de su imagen. Finalmente, por cuanto hace a la supuesta contratación de propaganda en Facebook, en la que el denunciante adujo el supuesto despliegue de publicidad gubernamental promocionando indebidamente la imagen de la servidora pública, la misma no se tuvo por acreditada, ya que si bien la autoridad administrativa certificó la existencia de la publicidad motivo de la queja, esta no cuenta con la leyenda de publicidad que se advierte de la imagen inserta en la queja y al no existir mayores elementos de convicción al respecto, resultó innecesario pronunciarse sobre la presunta utilización de recursos públicos para la contratación de mencionada publicidad.

En consecuencia, ante la ausencia de elementos suficientes que permitan acreditar la existencia de las violaciones denunciadas, resultó innecesario pronunciarse respecto de la responsabilidad del Partido Revolucionario Institucional por culpa in vigilando, y respecto de la denunciada se atendió el principio de presunción de inocencia.

Deja un comentario